Madrid se ha unido a las ciudades que tratan de poner corto a las viviendas de uso turístico (VUT). El pleno del Ayuntamiento aprobó este miércoles el plan especial que regula las licencias para operar estos apartamentos. Para obtener el permiso necesario las viviendas deberán tener un acceso diferenciado del resto de vecinos, lo que en la práctica supone el cierre del 95% de los alojamientos de este tipo en Madrid, más de 10.000, según cálculos municipales. La regulación es aplicable a los establecimientos que la Comunidad de Madrid define como VUT, que son los que se alquilan 90 días o más al año.
La Comunidad de Madrid reguló que una vivienda de uso turístico es aquella que se alquila 90 días al año o más. Mientras esa definición no varíe, solo a estas es a las que afectará la nueva normativa municipal —entra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en dos o tres días— que les exige obtener una licencia para poder operar. Para conseguir el permiso, deberán cumplir una serie de requisitos. Si el Ayuntamiento detecta que un piso se alquila a turistas más de tres meses al año y no tiene licencia, no recibirá una multa, sino que se iniciará un proceso para que cese su actividad, como ocurre cuando se detecta un bar operando sin licencia.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, defendió las nuevas restricciones. Aseguró que que “la masificación turística acaba con el turismo; no genera un valor añadido a las ciudades, sino muy por el contrario, degrada”. Y recordó que “en el barrio de Sol,hay dos turistas por cada residente; en Cortes, 1,3 por residente”.
Las competencias de turismo en España están transferidas a las comunidades autónomas. De ahí que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera la primera normativa, que ahora está en revisión. El Ayuntamiento de Madrid consideró necesario tener una normativa propia, y recurrió al urbanismo, ya que la regulación de los usos del suelo es municipal.
La normativa, que salió adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y en contra de PP y Ciudadanos, equipara viviendas turísticas con una ocupación superior a 90 días al año con otras formas de hospedaje, como pensiones y hoteles, cuando se compartan edificios de uso residencial, y por eso necesita licencia.
¿Cuantos pisos se alquilan a turistas en Madrid? No hay datos oficiales. El PP apuntó que son 10.467, según el registro de la Comunidad. El PSOE opinó que son más de 15.000 los que operan de forma alegal. El Ayuntamiento no tiene una cifra oficial, pero calcula que hay entre 10.000 y 12.000. El 95%, calcula que se alquilan más de 90 días al año a visitantes.
Fue en enero de 2018 cuando el Consistorio estableció que las viviendas de uso turístico —las que se alquilan tres meses o más— suponen una actividad económica y, por tanto, son establecimientos de uso terciario que requieren licencia. En el mismo instante, decretó una moratoria en la concesión de permisos mientras redactaba la normativa que se aprobó en el pleno. Así, desde hace un año las viviendas turísticas que se alquilan más de tres meses al año estaban en un limbo: necesitaban ya una licencia, pero el ayuntamiento decidió no concederlas mientras no existiera el plan especial al que este viernes dio luz verde. Los propietarios de las viviendas ya podrán solicitar la licencia para alquilarlas a turistas, pero deberán cumplir el requisito de tener un acceso independiente al del resto de las viviendas de la finca. Y eso dejará fuera a la mayoría de los pisos. Los que de momento esquivan las restricciones son los particulares o las empresas que arriendan los pisos de forma esporádica (menos de 90 días al año), ya que ellos no necesitarán ni liciencia ni entrada independiente.
Cierre de pisos ilegales
Mientras duró la moratoria en la que Madrid no concedía licencias, comenzó un plan especial de inspecciones. El Ayuntamiento actúa en respuesta a denuncias de vecinos, policía municipal e inspectores. No multa, sino que inicia expedientes individuales que pueden terminar en el cierre del establecimiento. Desde julio de 2018 un equipo de 22 inspectores de la Agencia de Actividades (ADA) ha revisado 11.936 viviendas en 502 edificios de la ciudad. Determinó que 1.729 se dedican al alojamiento turístico, el 14,48%. Y ordenó el cierre de 500. Según el concejal de urbanismo, es un proceso muy garantista contra el que se puede recurrir y que se puede extender varios meses.
El PSOE consideró necesaria la regulación para evitar que la ciudad se convierta en un “parque turístico” donde impere “la ley de la selva”. La proliferación de pisos turísticos, apuntó la conejal Mercedes González, se traduce en la subida de los precios del alquiler de un 8% anual, problemas de convivencia y una modificación del tejido comercial. PP y Ciudadanos aseguraron que están de acuerdo en que el sector necesita una regulación, pero votaron contra una normativa que desde su punto de vista no regula, sino que prohíbe.
PP y Ciudadanos aseguran que están de acuerdo en que el sector necesita una regulación, pero están en contra de la que ha planteado el equipo de gobierno. El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, cree que «la alcaldesa Manuela Carmena quiere expulsar a un sector económico como las viviendas de uso turístico». «Sí queremos vecinos en el centro» y «hay que primar el descanso de los vecinos», asegura Almeida. Pero su grupo está en contra de que se exija un acceso independiente que, en la práctica, interpreta como una prohibición. «Hay un uso terciario, con ánimo lucrativo, desde el primer día, no desde el día 91», ha señalado también.
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, asegura que el plan especial municipal no regula, sino que prohíbe que haya pisos turísticos en Madrid. «No se puede jugar a la saturación, vaciar de vida los barrios, y hay cuidar la convivencia», ha dicho Villacís, pero su grupo ha votado en contra de la normativa, que, ha augurado, anularán los tribunales porque «confronta con la legislación autonómica y estatal». Villacís se ha preguntado qué va a pasar con las más de 40.000 reservas que se han hecho en alojamientos de este tipo para las fiestas del Orgullo Gay.
Tres zonas diferenciadas
![Ámbitos del plan especial para la regulación del hospedaje del Ayuntamiento de Madrid.](https://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2019/03/27/madrid/1553675975_213545_1553700997_sumario_normal.jpg)
Madrid queda dividida en tres anillos concéntricos, según la densidad de este tipo de alojamiento, que se concentra en el centro. Los apartamentos de las zonas 1 y 2 requieren accesos independientes, pero el Ayuntamiento apunta a que los hostales que ya cuenten con licencia pueden mantener su actividad, aunque pueden tener problemas si necesitan renovarla. En el anillo 3, la exigencia de acceso independiente se mantendrá cuando el hospedaje pretenda implantarse en sitios donde no estén permitidos otros usos terciarios, incluso dentro del mismo edificio. Por ejemplo, en un edificio de cuatro plantas, en el que en la primera se admite hospedaje y oficinas y en la cuarta solo hospedaje, en los anillos 1 y 2 harían falta accesos independientes en los dos pisos, pero en el anillo 3, solo en el cuarto.
El Ayuntamiento recibió más de 600 alegaciones a la norma, de las que ha incorporado parcialmente 41. Entre ellas había una del PSOE, que ha aceptado, para que los pisos que se encuentren en locales comerciales con entrada directa a la calle no necesiten un acceso extra.
Cuando se plantee cambiar el uso residencial por el de hospedaje en edificios completos, para instalar un hotel o pisos turísticos, será necesario un plan especial que estudie el impacto en el entorno y que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y el pleno. A no ser que el edificio ya tenga un uso terciario, en cuyo caso podrá obtener licencia directa, excepto en los edificios protegidos. Cuando se trate de un edificio protegido de uso residencial, el plan especial deberá demostrar que no es viable rehabilitarlo para el uso residencial.
RECURSOS DEL SECTOR
Manuel, un propietario de una vivienda turística miembro de la plataforma Madrid Aloja, que ha acudido al Palacio de Cibeles a protestar contra la medida, ha afirmado que los propietarios irán a juicio para defender su actividad.
La plataforma de alquiler temporal de apartamentos Airbnb ha tildado la nueva regulación municipal de «poco clara», «injusta» y con «restricciones desproporcionadas». «Airbnb sigue dispuesto a trabajar con el Gobierno de la ciudad en una mejor manera de avanzar y colaborar en normas claras que verdaderamente funcionen para todos”, afirman fuentes de la empresa.
El concejal José Manuel Calvo cree que la normativa que se ha aprobado hoy tiene una base sólida. «Esta normativa lo único que hace es equiparar las condiciones para una vivienda de uso turísitico con las que ya tiene obligado cumplir cualquier otra actividad terciaria», ha insistido. «Está muy armado jurídicamente», asegura, pero «como cualquier instrumento urbanístico puede y será recurrido». Calvo confía, sin embargo, en que los tribunales le den la razón.